Normativa aplicable para cumplir con el gobierno corporativo

Normativa Aplicable para Cumplir con el Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se refiere a los sistemas, principios y procesos por los cuales una empresa es dirigida y controlada. Cumplir con la normativa de gobierno corporativo es esencial para garantizar la transparencia, la ética y la responsabilidad en la gestión empresarial. A continuación, se detallan las principales normativas aplicables en España para asegurar un buen gobierno corporativo.

1. Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad

Objetivo: Mejorar la transparencia de las empresas en cuanto a su impacto social, ambiental y en materia de derechos humanos.

Requisitos:

• Las empresas deben incluir en sus informes anuales información no financiera y sobre diversidad, describiendo políticas, resultados y riesgos relacionados con cuestiones medioambientales, sociales, de personal, de derechos humanos, y de lucha contra la corrupción y el soborno.
• Las empresas con más de 500 empleados están obligadas a presentar estos informes.

2. Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de mejora del gobierno corporativo

Objetivo: Fortalecer la transparencia y el control en la gestión de las empresas, mejorando la eficacia y la responsabilidad de los órganos de gobierno.

Requisitos:

• Refuerza la independencia del consejo de administración.
• Aumenta las obligaciones de información y transparencia para las empresas cotizadas.
• Introduce la obligación de realizar un informe anual de gobierno corporativo para empresas cotizadas.

3. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

Objetivo: Regular las sociedades de capital (sociedades anónimas, sociedades limitadas y sociedades comanditarias por acciones) en España.

Requisitos:

• Establece las normas sobre la constitución, organización, funcionamiento y disolución de las sociedades de capital.
• Define las responsabilidades y deberes de los administradores y consejeros.
• Incluye disposiciones sobre el reparto de beneficios, la ampliación y reducción de capital, y las fusiones y escisiones de sociedades.

4. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Objetivo: Establecer medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Requisitos:

• Las empresas deben establecer procedimientos internos adecuados para detectar y prevenir el blanqueo de capitales.
• Obliga a las empresas a identificar y verificar la identidad de sus clientes y a reportar operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
• Incluye la obligación de formación continua para los empleados sobre prevención del blanqueo de capitales.

5. Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial

Objetivo: Proporcionar medidas de apoyo para garantizar la solvencia de las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

Requisitos:

• Establece medidas para la reestructuración de deuda y apoyo financiero a las empresas.
• Proporciona un marco para la renegociación de créditos y la reestructuración de pasivos.
• Incluye la creación de un fondo de recapitalización para empresas afectadas.

Principios de Buen Gobierno Corporativo

Además de la normativa específica, las empresas deben adherirse a principios generales de buen gobierno corporativo, que incluyen:

• Transparencia: Divulgar información relevante y precisa sobre la empresa de manera oportuna.
• Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las decisiones y acciones de la empresa.
• Independencia: Asegurar que los órganos de gobierno (como el consejo de administración) actúen de manera independiente y en el mejor interés de la empresa y sus accionistas.
• Equidad: Tratar a todos los accionistas y partes interesadas de manera justa y equitativa.
• Sostenibilidad: Integrar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en la estrategia empresarial.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

¿Qué es?

Esta ley regula los contratos que celebren las entidades del sector público (Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, Municipios, etc.)

¿Cómo y cuándo me afecta?

Está en vigor desde el 9 de marzo de 2018. Según lo establecido por la propia ley, esta me afecta si soy una pyme que aspira a contratar con el sector público.

¿Qué debo preguntarme?

• ¿Quiero contratar con el sector público?
• ¿Tiene mi empresa algunas características en materia ambiental o social que puedan otorgarme una ventaja en un concurso público?
• ¿Tengo etiquetas/certificaciones que avalen mis características ambientales o sociales?

¿Qué debo hacer?

• Debo ser consciente de que la normativa facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas.
• Debo ser consciente de que algunos elementos ambientales y sociales pueden ser positivamente valorados en los procesos de contratación pública:
  • En toda contratación pública se incorporarán, de manera transversal, criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
  • A estos efectos, cuando el contrato busque adquirir servicios con características específicas de tipo social o ambiental, puede exigir la posesión de alguna etiqueta o certificado específico. Por ejemplo, las relacionadas con la agricultura ecológica, la igualdad de género, el comercio justo, etc.
• Debo ser consciente de que, en algunas ocasiones, en caso de empate en un concurso, algunos elementos sociales pueden constituir criterios de desempate a mi favor, tales como:
  • Tener un porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social superior al impuesto por la normativa.
  • Tener un menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.
  • Tener un mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla.
  • Estar reconocida como Organización de Comercio Justo.
  • Incluir medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.
• Debo ser consciente de que, en algunos supuestos, no cumplir con ciertos criterios sociales puede implicar que la Administración impida la adjudicación. Por ejemplo, si soy una empresa de más de 50 trabajadores, la normativa exige que al menos el 2% de mis empleados tengan discapacidad.

Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

¿Qué es?

Esta ley tiene por objetivo proteger frente a posibles represalias a las personas que denuncian infracciones dentro de su ámbito laboral.

¿Cómo y cuándo me afecta?

Entró en vigor el 13 de marzo de 2023. Según lo establecido por la propia ley, esta me afecta solo si tengo contratados a 50 o más trabajadores.

¿Qué debo preguntarme?

• ¿Tengo contratados a 50 o más trabajadores?
• ¿Tengo ya un sistema o canal interno de información?
• ¿Tengo un canal interno de información propio u externo? ¿Lo comparto?
• ¿He recibido denuncias a través del canal y se han gestionado debidamente?
• ¿He tomado represalias contra los informantes?

¿Qué debo hacer?

• Si tengo contratados a 50 o más trabajadores, debo disponer de un Sistema Interno de Información, propio o contratado a un tercero, que cumpla con los siguientes criterios:
  • Debe permitir a cualquier persona interesada comunicar información sobre las infracciones.
  • Debe estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, garantizando la confidencialidad del informante, de cualquier tercero, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la información.
  • Debe ser un canal único e independiente, e integrar, en su caso, cualquier otro canal interno que pueda haber.
  • Debo garantizar que las comunicaciones pueden tratarse de forma efectiva dentro de mi propia empresa, de forma que yo sea el primero en conocer la posible irregularidad.
  • Debo contar con un responsable del sistema, y con una política y/o estrategia que recoja los principios básicos de funcionamiento de mi sistema interno de información y defensa del informante.
  • Debo contar con un procedimiento de gestión de la información recibida, y establecer garantías para la protección de los informantes frente a posibles represalias.
  • Si ya tenía un canal de comunicación establecido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, debo tenerlo actualizado para cumplir con los nuevos requisitos.
  • Debo contar con un registro interno sobre las informaciones recibidas y las acciones e investigaciones que se hayan llevado a cabo.
  • En caso de haber recibido una denuncia, no debo llevar a cabo ninguna tipo de represalia.
  • Puedo compartir el sistema interno de información con otras empresas de entre 50 y 249 empleados, esté gestionado por una de estas empresas o por un tercero.

Nacional

Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad

¿Qué es?

Esta ley regula qué empresas deben reportar información no financiera, así como el tiempo y forma en que esta debe presentarse.

¿Cómo y cuándo me afecta?

Entró en vigor el 30 de diciembre de 2018. Según lo establecido en el propio texto normativo, la Ley 11/2018 no afecta a las pymes, pero es la norma actualmente más vigente en España.

¿Qué debo hacer?

Esta norma indica que todas las pequeñas y medianas empresas están exentas de reportar información no financiera, a excepción, únicamente, de la obligación de proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado en materia de género. No obstante, puedo plantearme, de forma voluntaria, reportar información no financiera.

ACTUALMENTE VIGENTE

Internacional

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas

¿Qué es?

La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) es la nueva normativa europea que regula la presentación de información relativa a la sostenibilidad de las empresas.

¿Cómo y cuándo me afecta?
Según lo establecido por la propia Directiva:

• Si soy una pyme cotizada, me afectará a partir de 2026; con posibilidad de renunciar voluntariamente a su aplicación hasta 2028.
• Si no soy una pyme cotizada, puedo reportar según CSRD voluntariamente.

¿Qué debo preguntarme?

• ¿Soy una pyme cotizada?
• Si no soy una pyme cotizada, ¿deseo reportar según la CRSD y tengo la capacidad suficiente para ello?

¿Qué debo hacer?

• Si soy una pyme cotizada, habré de cumplir con los requisitos de reporte de la CSRD a partir de 2026, aunque puedo renunciar voluntariamente a su aplicación hasta 2028. A partir de 2028, deberé reportar obligatoriamente.
• Si no soy una pyme cotizada, no tengo obligación de reportar bajo esta normativa, salvo que quiera hacerlo de forma voluntaria.

Conclusión

Cumplir con la normativa de gobierno corporativo no solo ayuda a las empresas a operar de manera ética y transparente, sino que también mejora su reputación y competitividad en el mercado. Es fundamental que las empresas estén al tanto de las normativas aplicables y adopten prácticas de buen gobierno corporativo para asegurar su sostenibilidad y éxito a largo plazo.